El Govern y los partidos políticos han navegado por el segundo año de pandemia con un frente heredado de la época prepandémica: la llegada de recursos estatales a Baleares. La lucha por el despliegue del Régimen Especial de Baleares (REB) ha provocado divisiones inéditas. Un frente formado por El Pi, MÉS per Mallorca, Més por Menorca, el PP y Ciudadanos, con la derecha de la mano del regionalismo y el ecosobiranismo, logró mayoría suficiente para que el Parlament presentara un recurso de inconstitucionalidad contra los presupuestos estatales en marzo. ¿El motivo? Las cuentas del gobierno de Pedro Sánchez no incluían por segundo año consecutivo el factor de insularidad, es decir, la asignación económica incluida en el REB para colocar a Baleares en la media de la inversión estatal.

El contragolpe de Francina Armengol llegó medio año más tarde y cuando nadie lo esperaba. El 23 de septiembre hubo una foto solemne en Raixa con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para anunciar que las Islas recibirían en cinco años al menos 550 millones de euros por el factor de insularidad.

Ahora bien, esta batalla no fue la última en la guerra por el REB, porque Baleares aún no tiene el régimen fiscal, que esperaba desde el 2019 en un cajón del ministerio de Hacienda. Por el momento. Porque el PP y MÉS volvieron a sumar esfuerzos en el Senado y consiguieron que se tramite en Les Corts como proposición de ley, con un apoyo otra vez de lo más diverso y los votos a favor de Esquerra Republicana y Vox.